Red Anarquista
El pasado 25 de enero, un
batallón de la Guardia Nacional, SEBIN y otros organismos de represión al mando
del General del Comando
Regional No, 4 y de la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Valera, ejecutó
un asalto contra el Centro de Reclusión de Uribana, Edo. Lara, que culminó con
una masacre de, según se estima, 60 personas asesinadas. De acuerdo con las
denuncias de los familiares de los presos, las cifras son mucho mayores, ya
que, señalan personas desaparecidas y/o enterradas dentro de los mismos
recintos penitenciarios.
La acción fue justificada bajo el
argumento que el “Estado retomará el control de las cárceles” y una serie de
políticas que ha venido implementando el presidente Chavez y su gabinete de
trabajo. Su objetivo era ocupar por asalto los espacios y aniquilar cualquier
vestigio de articulación social al margen del asistencialismo de la
Administración Penitenciaria. Esta política llamada “Humanización Penitenciaria”, no es más que un proyecto de simple
maquillaje de los centros de tortura y humillación carcelaria para intentar
disimular el grotesco negocio realizado alrededor de los pres@s. En el gobierno
bolivariano los pres@s son, también, una simple mercancía. En su mayoría, lar
cárceles están pobladas de personas provenientes de los sectores populares, (1)
lo que demuestra la demagogia e hipocresia de un Estado que se ha vanagloriado
de favorecer a los pobres.
Esta crisis penitenciaria es una
consecuencia directa de la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
en la custodia de los penales. Estos
amedrentan a las visitas
familiares y someten a la población reclusa a las más denigrantes
condiciones de subsistencia. La situación degradante de las prisiones es el
caldo de cultivo ideal para llevar a cabo los millonarios negocios de la GNB,
del funcionariado corrupto y otros órganos represores del poder como las
policías. Organizaciones de Derechos Humanos como PROVEA señalan que son
constantes las huelgas,
autoflagelaciones, autosecuestro de visitantes, motines y secuestros de
funcionarios, “… como respuesta a las deplorables
condiciones de reclusión, al retardo procesal y en rechazo a la presencia de la
Guardia Nacional.” (2)
Somos
conscientes de que la degradación moral y física que sufren los presos dentro de
las cárceles incide directamente en la situación de violencia e inseguridad que
atravesamos. Degradación
que se refleja no sólo en los altos índices de
hacinamiento presentes en la mayoría de los penales, sino también,
en la falta de servicios básicos, como agua potable, comida sana y/o
electricidad y en
las decadentes estructuras en las cuales deben permanecer. En suma,
bajo éstas condiciones, y
con el incesante y eminente proceso general de deshumanización,
la cárcel va preparando a l@s privad@s
de libertad para ser delincuentes al servicio y a las órdenes de los
principales cuerpos policiales del país, camino que toman diversos presos para
“sobrevivir” a la violencia en los penales, convirtiéndose así en peones al
servicio del terrorismo de Estado
Denunciamos la campaña de
aniquilamiento físico y moral implementada por el Ministerio de Asuntos
Penitenciarios y la Guardia Nacional Bolivariana contra la población reclusa y
alertamos de los posibles planes Estatales futuros contra otras prisiones.
Queremos
expresar nuestra más sincera muestra de solidaridad con los familiares de todos
los presos, con los miles de presos que no son pranes, con las madres y mujeres encarceladas así como con la
población de LBGT de los penales ya que estos últimos sabemos deben también
soportar las vejaciones asociadas a la sociedad patriarcal que hoy sufrimos.
Así mismo, nos pronunciamos
contra la falsa matriz de opinión creada por los medios opositores y oficialistas
de que “todos los presos son pranes” cuando la cruda realidad es que existen,
según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) más de 48.000 personas
privadas de su libertad, muchas de ellas en espera por ser procesad@s y
hacinadas en las peores condiciones en un número cada vez más reducidos de
planteles, pues el hacinamiento en las carceles llega a un 175% (OVP).
Hacemos un llamado a los
movimientos sociales antagónicos y los grupos libertarios y autónomos a que se
solidaricen con las personas privadas de su libertad y sus familiares.
Toda muerte y tortura en prisión
es un crimen de Estado. Según el
OVP, para el 2012 el número de muertos y heridos en las cárceles es de 591 y
1132 respectivamente; el silencio es complicidad.
Contra la política de exterminio
del Gobierno Bolivariano en los Centros de Reclusión. Contra el silencio
cómplice de los politiqueros de la MUD. Contra el reformismo de la llamada
“Humanización penitenciaria”. Lo único que se puede hacer con las cárceles es
abolirlas.
(1) El Informe de PROVEA (2011) sobre “Derechos de las personas privadas de libertad” señala que
“un 68%
se ubica en los estratos IV y V, pertenecientes a sectores en pobreza relativa
y pobreza extrema o crítica”.
(2) PROVEA:
Informe del
2011 sobre “Derechos de
las personas privadas de
libertad”.
